La acción legal que se interpone busca establecer ahora las responsabilidades penales en las que incurrieron los involucrados, quienes no solo encubrieron estos hechos, sino que también conformaron una red destinada a ocultar la verdad e impedir la sanción a los autores materiales de estos crímenes.
Familiares de los casos conocidos como Colectivo 119 y Rinconada de Maipú, montajes comunicacionales para encubrir la detención y posterior desaparición de cientos de chilenas y chilenos a manos de los servicios de seguridad (DINA) del Estado durante la dictadura, presentaron una querella criminal por asociación ilícita genocida en contra de aquellos civiles que orquestaron estas informaciones falsas.
Cabe señalar que algunos de los responsables de estos montajes fueron objeto de juicios por parte del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, el que ratificó la concurrencia de faltas al ejercicio profesional y decretó sanciones para los implicados.
La acción legal que se interpone busca establecer ahora las responsabilidades penales en las que incurrieron los involucrados, quienes no solo encubrieron estos hechos, sino que también conformaron una red destinada a ocultar la verdad e impedir la sanción a los autores materiales de estos crímenes. Entre los querellados se encuentra el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.
Frente al tema, el abogado Hiram Villagra aseguró que “nos parece pertinente hacerlo a estas alturas, queremos saber qué pasó con las víctimas. Aquí hay una responsabilidad de montajes, y eso es lo que pedimos investigar”.
“En nuestro país no hay personas que no puedan ser imputadas. Si bien Edwards alega que él no estaba a cargo de la edición del periódico de su propiedad, es obvio que tuvo su responsabilidad por ser el dueño. Sabía de los montajes”, puntualizó el profesional.
A ello agregó a Cambio21 que “sabemos que es difícil el caso, por ser hechos que pasaron hace mucho tiempo, pero tambien sabemos que llegaremos a una conclusión favorable para nosotros.
Justicia reparatoria
Por su parte, Mónica Pilquil esposa de una de las víctimas de la dictadura,Ismael Chávez aseguró que “Agustín Edwards tenía información de todas partes, por ende que diga que no sabía, eso no podemos creerlo”.
“Queremos que se nos pague por lo sucedido, no queremos plata queremos una reparación de la ciudadanía, queremos que pidan perdón y que todos se enteren de lo que sucedió”, puntualizó Pilquil.
Por último, recalcó a Cambio21 que “no tenían derecho a desaparecerlos, ellos fueron victimas de un montaje que hasta el día de hoy no tiene responsables”.
Roberto D’Orival, hermano de Jorge D’Orival detenido el 31 de octubre de 1974, es coordinador del Colectivo 119. Respecto de la querella, enfatizó en la importancia de que se haga justicia.
“Esperamos que en algún momento este país lea en diarios como El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias, un titular de similares características pero pidiendo perdón por su intervención, donde se rectifique la verdad, donde se diga que los nuestros efectivamente fueron detenidos, fueron torturados y hechos desaparecer en Chile, por organismos del Estado”, afirmó.
Por lo demás, la querella se unirá a la causa que lleva el ministro Mario Carroza, quien ya interrogó al dueño de El Mercurio en la investigación sobre cómo se gestó e instigó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Los familiares se encuentran a la espera de que los tribunales acojan la querella criminal, mientras hacen el llamado a que se sumen otras organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones para que defiendan la lucha por la justicia y la verdad.
La presentación de la querella criminal se hizo en medio de la celebración internacional del día de los derechos humanos, a modo de reflexión y con el objetivo de llamar la atención de los medios de comunicación. Además, coincidió con el séptimo aniversario de la muerte del dictador Augusto Pinochet.
d0ngat0 